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Piden juicio político para los funcionarios kirchneristas que aparecen en las escuchas en Comodoro Rivadavia

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La causa se inició a partir de una investigación por venta de droga. Hablan de coimas y terrenos fiscales. Alcanza a funcionarios de Chubut

Un pedido de juicio político descansa en un cajón de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. En la mira de la oposición está el intendente Néstor Di Pierro y el jefe de la bancada kirchnerista, Juan Pablo Luque. Ambos aparecen en una serie de escuchas telefónicas en una causa por lavado de dinero y falsificación de billetes que se originó a raíz de otro expediente en el que se investigaba la venta de droga a menores de edad.

Todo comenzó a raíz de una denuncia de vecinos de Comodoro Rivadavia por venta de droga, sobre todo a menores de edad. Eso derivó en una causa que públicamente se conoció como “Apadrinados”, porque los acusados hacían alarde de su relación con el poder político local.

Sin embargo, una serie de escuchas telefónicas terminó con la apertura de otro expediente por lavado de dinero y falsificación de billetes, en el que están involucrados el intendente Di Pierro, el concejal Luque y varios funcionarios del gabinete comunal. Finalmente, en enero de este año la Justicia ordenó decenas de allanamientos, que incluyeron a la sede del municipio, el Palacio Legislativo, y varias empresas y domicilios particulares en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.

Frente a ese panorama, hace dos semanas el abogado Pablo Garay, del Partido Acción Chubutense, presentó el pedido de juicio político, desafuero y destitución. El escrito lleva la firma de una decena de candidatos a concejal de su partido y del Frente Progresistas.

“El pedido puede prosperar, pero depende de la participación ciudadana. Todos los concejales podrían votar en contra, pero si la presión es fuerte lo van a pensar dos veces”, opinó Garay ante la consulta de Infobae.

Escuchas

La existencia de las escuchas telefónicas era un secreto a voces en Comodoro Rivadavia que nadie había podido confirmar, hasta que el periodista local Ricardo Astete, de Radiovisión FM, consiguió las transcripciones y las dramatizó en su programa.

El sábado, la jueza federal Eva Parcio de Seleme le ordenó que “se abstenga” de publicar cualquier información de surja de la instrucción de todas las causas de su juzgado. Algunos en la ciudad petrolera lo interpretaron como la reacción de la magistrada a una amenaza del intendente Di Pierro de divulgar los documentos que probarían su relación con dirigentes del Gobierno provincial.

El periodista, por su parte, advirtió que se trató de un caso de censura. Su abogado, Gustavo Menna, confirmó a Infobae que hoy apeló la medida, alegando que la jueza se excedió en sus atribuciones.

Alguna de las escuchas son particularmente reveladoras. En una, por ejemplo, el intendente Néstor Di Pierro se queja ante el empresario Esteban Torraca por la falta de dinero que, según consta en el expediente, sería para pagar coimas. “Yo estoy poniendo en el tribunal de cuentas, poniéndolos a los concejales, poniéndolos a los secretarios, no sé de dónde sacar plata”, admite.

En otra escucha, el subsecretario de Función Pública, Horacio Pagano, y el concejal Luque discuten lo que sería la distribución de tierras fiscales y el monto a pagar. Además de mencionar a otros funcionarios que estarían involucrados en la maniobra, hablan de quedarse con “un poquito” de dinero y de cómo distribuirlo.

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